Exigen defensores de derechos humanos que se declare crisis humanitaria por desplazados Foto: Tomada del Facebook

Exigen defensores de derechos humanos que se declare crisis humanitaria por desplazados

Escrito por  Dassaev Téllez Adame Nov 16, 2018

Es grave la situación que se vive en La Montaña y Sierra, por la violencia e inseguridad


Chilpancingo, 15 de noviembre. Los centros de defensa de derechos humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y Minerva Bello, exigieron a los gobiernos estatal y federal que se emita una declaratoria de crisis humanitaria por los desplazamientos forzados en todo Guerrero, asesinatos y desapariciones; expresaron que al igual que en Veracruz, donde el gobierno electo de Cuitláhuac García ha dicho que será su primera acción entrando en funciones, en Guerrero se debe de declarar también por los miles de víctimas.

También denunciaron la agresión y prepotencia con la que fueron recibidos por la delegada de Gobierno en la región Centro, Norma Yolanda Armenta; cuando acudieron a visitar a los desplazados por la violencia en Chichihualco.

En conferencia de prensa, Manuel Olivares Hernández y el hermano José Filiberto Velázquez Florencio, directores del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; y del Centro de Derechos de las Victimas Minerva Bello, respectivamente, pidieron se declare crisis humanitaria ante la grave situación de desplazamiento que se está viviendo en la región de La Montaña y la Sierra de Guerrero. Ya que la guerra entre los grupos de la delincuencia organizada se está agudizando y ocasiona que miles de personas abandonen lo poco que tienen en sus pueblos de origen, además de que las autoridades no han podido garantizar la seguridad, salud, educación y vivienda a estas personas.

Manuel Olivares relató que son al menos 2 mil los desplazados de las comunidades de la Sierra, por lo que se necesita de manera inmediata brindar la seguridad que tanto piden para poder regresar a sus hogares, pidiendo también la investigación y detención de los culpables.

Esto luego de los hechos violentos, enfrentamiento e irrupción de supuestos policías comunitarios, los cuales no tienen razón de ser, “porque no están en municipios indígenas, no pueden llamarse comunitarios, ya que existe una norma para esto”.

Dijo que esta misma situación de violencia es como la ocurrida en Chilapa, en mayo de 2015, cuando un grupo de hombres armados, quienes se decían ser parte de una “policía comunitaria”, cosa que se repitió este domingo en la localidad de Filo de Caballos.

Además de que esto se dio por la omisión y complicidad de las autoridades, donde se puede observar que los hombres armados llevan y usan armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, militares y policiacas.

Explicó que desde 2011, fue cuando el fenómeno de desplazamiento comenzó a documentarse en Guerrero, cuando 34 familias huyeron de la comunidad de La Laguna, Coyuca de Catalán, y en 2015, esto recrudeció, cuando se documentó el desplazamiento casi total de las localidades de Ahuiyuco y Tepozcuautla, ambas del municipio de Chilapa, y del poblado de Quetzalcoatlán, en Zitlala.

Además de que el pasado 3 de noviembre, al menos 24 familias de la localidad de Tlaltempanapa, en Zitlala, abandonaron sus hogares, por las amenazas de un grupo armado.

Refirió que sumado a esto, están sin documentar los pueblos fantasmas de la región Norte del estado, principalmente en los municipios de Apaxtla y Teloloapan.

Puntualizó que, de manera muy sospechosa, el desplazamiento de estas familias, se está dando de manera abundante en las zonas donde existen permisos de exploración y concesiones a empresas mineras, lo cual es muy conocido en los municipios como Eduardo Neri, Cocula, y otros de La Montaña, donde los pueblos están en resistencia.

Por esto solicitaron una audiencia inmediata con el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, para que se atiendan las peticiones de organizaciones y autoridades de las comunidades que se encuentran en esta situación.

Exigen que se tomen medidas inmediatas para el restablecimiento de la seguridad, atendiendo las necesidades, como lo marca la ley 487 sobre el Desplazamiento Forzado.

En otros temas denunciaron la agresión recibida por parte de la delegada de Gobierno, Norma Yolanda Armenta, cuando visitaron la cabecera municipal de Leonardo Bravo, donde se encuentran los desplazados de la zona Sierra del estado.

Mencionaron que fueron a documentar la situación en la se encuentran este grupo de desplazados, señalando que, al percatarse de su presencia, la servidora pública optó por una actitud prepotente, para tratar de impedir su labor como organizaciones defensoras de los derechos humanos, apagando el sistema de sonido y corriéndolos del auditorio municipal, donde se encuentran albergadas estas personas.

Explicaron que Norma Yolanda Armenta les argumentó que no había necesidad de que se les informara nada, dado que los desplazados se encontraban en “buenas condiciones”, además de contar con todo el apoyo del gobierno estatal.

Más que como una agresión, los activistas consideraron esta situación como una amenaza a los defensores de derechos humanos, por lo que temen por su integridad física, pues su labor los obliga a seguir acudiendo a este municipio con el fin de vigilar el estado de las víctimas de desplazamiento forzado.

Por lo que hicieron un llamado al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, para que se garantice la labor de los grupos defensores de derechos humanos y tome cartas contra la actitud de la funcionaria, que, en lugar de facilitar su trabajo, sólo lo complico más, dado que esta persona no tiene idea de la magnitud de la crisis que se está viviendo.

Puntualizaron que para su fortuna se encontraba presente el presidente municipal de Leonardo Bravo, Ismael Cástulo Guzmán, quien al percatarse de esta situación, encaró a la prepotente funcionaria, pidiéndole que dejara hacer su trabajo a estas organizaciones.