Emite CNDH recomendación al titular de Seguridad Pública federal Foto: Internet

Emite CNDH recomendación al titular de Seguridad Pública federal

Escrito por  Beatriz García Ene 03, 2019

Es por tortura de un elemento de la Policía Federal a un ciudadano en Arcelia

Los hechos ocurrieron en 2015 y se acreditaron violaciones al derecho humano, manifiesta

Pide investigar y, en su caso, sancionar dentro del marco legal a quienes cometan delitos


Chilpancingo, 2 de enero. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Alfonso Durazo Montaño, por tortura de parte de un elemento de la Policía Federal (PF) a un ciudadano en Arcelia.

El organismo informó que la recomendación emitida es por un hecho en el 2015, la cual contó con evidencias para acreditar violaciones al derecho humano, a la integridad personal por actos de tortura, atribuidas a los elementos de la Policía Federal que participaron en los hechos.

Manifestó que los policías no aportaron evidencia alguna para acreditar su versión de que la víctima les apuntó con una pistola e intentó huir, por lo que “fue necesario aplicar técnicas de desarme para someterlo”.

“La Opinión Médica Especializada, elaborada por la CNDH con base en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Protocolo de Estambul, y la revisión de diversas certificaciones médicas son coincidentes en indicar que las lesiones y los señalamientos de la víctima respecto de la forma en que fue detenida son coherentes y verosímiles respecto del tiempo y forma en que ocurrieron los hechos”, expuso.

Señaló que además se determinó que las lesiones que el agraviado presentó en el rostro y varias partes del cuerpo fueron infligidas de forma innecesaria para su detención y sometimiento.

Los hechos ocurrieron cuando la persona estaba descansando con su familia en un hotel en Arcelia, cuando agentes de la PF entraron a su habitación; lo golpearon y al intentar quitarle dos anillos le desprendieron el segundo dedo de la mano derecha. Luego de sacarlo del lugar, lo subieron a una patrulla donde continuaron golpeándolo.

“Cuando estaba derribado, un policía federal se subía encima de él y le echaba agua en el rostro, mientras le exigía que se pusiera otro nombre y les señalara un domicilio donde había gente armada. Tras lavarle el rostro y cambiarle la playera, fue llevado a las instalaciones de la PF en Iguala donde un médico le suturó una herida en el ojo. Luego fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México”, señala el documento emitido por la CNDH, sobre la versión que la víctima presentó.

Sin embargo, actualmente se le sigue proceso como probable responsable de delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia.

El organismo señaló que se debe investigar, procesar y, en su caso, sancionar a aquellas personas que cometan faltas o delitos, pero las acciones tienen que apegarse al marco legal y respeto a los derechos humanos.

Abundó que la investigación de los delitos es totalmente compatible con el respeto de los derechos humanos y que, en el combate a la delincuencia, los policías deben actuar con profesionalismo conforme a las normas que los regulan.

Por lo tanto, la CNDH solicitó al secretario de Seguridad que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se repare el daño, se brinde atención psicológica y se le inscriba en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI); colaborar en la denuncia y queja que se formulen ante la PGR y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal; y capacitar al personal en materia de derechos humanos para erradicar la tortura, prevenir detenciones y aseguramientos que no se ajusten a la legalidad y que afecten la integridad de las personas.

 Además, aplicar efectivamente el Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el uso de la fuerza en todos sus operativos y aseguramientos, para que estén apegados a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos fundamentales, así como designar a un servidor público de alto nivel que sea enlace para dar seguimiento a la recomendación.