A ningún luchador social encarcelado se le ha reparado el daño causado: Tlachinollan Foto: Tomada del Facebook

A ningún luchador social encarcelado se le ha reparado el daño causado: Tlachinollan

Escrito por  Salvador Cisneros Silva Mar 07, 2019

“Se tienen que buscar recursos internacionales para obligar a gobiernos a resarcirlos”

Es muy difícil, las autoridades no aceptarían auto culparse por las malas aplicaciones de justicia, señala


Tlapa, 6 de marzo. El director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, consideró que se tienen que buscar recursos internacionales para que los gobiernos estatales y federales sean obligados a la reparación del daño causado a los líderes de movimientos sociales y de la policía comunitaria que han sido encarcelados por la defensa del territorio y buscar seguridad para sus territorios.

Por los últimos casos de los coordinadores de la policía comunitaria Nestora Salgado, Arturo Campos, Samuel García y Gonzalo Molina quienes pasaron más de dos años en prisión acusados de diversos delitos y  liberados años después al demostrar su inocencia, los gobiernos tendrían que resarcir el daño causado social, económica y psicológicamente.

“Las autoridades que en su momento fueron los causantes de liberar las ordenes de aprensión en contra de luchadores sociales y ser encarcelados de forma irregular, violentándoles sus derechos humanos, tratándolos como los peores delincuentes de la historia, estas autoridades que no toleran el que los pueblos alcen la voz de justicia deben ser obligadas a reparar los daños causados a una persona y toda una familia, económicamente, socialmente y psicológicamente.

Reconoció que era una tarea muy difícil ya que las mismas autoridades no aceptarían auto culparse por las malas aplicaciones de justicia en contra de líderes sociales que dañan sus intereses políticos y económicos.

“A ningún luchador social encarcelado se le ha reparado el daño causado, a Nestora Salgado que siendo mujer fue encarcelada en una prisión de máxima seguridad en Tepic, una mujer que lucho por la seguridad de su comunidad, misma seguridad que no pudo ofrecer el gobierno del estado, tuvieron que pasar casi cuatro años para ser liberada, lo mismo con Arturo Campos y ahora con Gonzalo Molina, todo lo que estos hombres y mujeres junto con sus familias han tenido que pasar por incomodar a las autoridades”, explicó. Abel Barrera concluyó que los organismos de derechos humanos han tratado de buscar instrumentos internacionales para valer recursos para que los gobiernos mexicanos sean obligados por ley a reparar los daños de personas encarceladas injustamente.